Contigo pide que el ayuntamiento de Las Rozas sea `acusación particular´ en la trama del Canal de Isabel II

El grupo municipal Contigo por Las Rozas pedirá que el Ayuntamiento—accionista del 0,26906% del Canal de Isabel II — reclame activamente ante los tribunales la reparación de los daños generados en el patrimonio público roceño tras desvelarse la trama corrupta donde hay acusaciones de malversación, fraude, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El Canal de Isabel II ha sido desde el siglo XIX la red pública para el abastecimiento de aguas a Madrid y ha mantenido una titularidad 100 % pública con criterios de utilidad social. "Sin embargo, a partir de 2008 el Partido Popular impuso un proceso de conversión en Sociedad Anónima participada con la Comunidad de Madrid y distintos Ayuntamientos de la Región. Esto generó una movilización ciudadana por el derecho al agua como un bien público que por el momento ha frenado la total privatización", recuerdan los concejales roceños.

Las primeras detenciones con la “Operación Lezo” del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, otros miembros del Gobierno Regional y empresarios afines han evidenciado un proceso opaco y sin justificación para el interés público en el Canal de Isabel II. "La investigación está desvelando el enriquecimiento personal en base al expolio de lo público", argumentan desde Contigo.

Contigo por Las Rozas pedirá mañana en el Pleno de Las Rozas que el Ayuntamiento se persone en la acusación particular de esta causa judicial ya que es accionista de un 2,7 % del Canal y parte afectada de este expolio. Además pide que el PP de Las Rozas gestione la acusación particular con un modelo de absoluta trasparencia y democracia y que inste a la Comunidad de Madrid a revertir el proceso de conversión en sociedad anónima y privatización volviendo al modelo anterior de ente público.

Gonzalo Sánchez-Toscano, portavoz de Contigo por las Rozas declara que “las instituciones tenemos que reclamar activamente la reparación de daños generados en el patrimonio público por estas prácticas intolerables. La credibilidad social pasa por la absoluta transparencia y por devolver el carácter público a la gestión del agua”.