El PSOE denuncia el abusivo contrato de alquiler que va a imponerse a los adjudicatarios de las Viviendas Protegidas de El Montecillo

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda (EMGV) aprobó ayer, con los votos en contra de la oposición, el contrato de arrendamiento con opción a compra de las 400 viviendas con protección pública de alquiler con derecho a compra (VPPA-OCJ) que están pendientes de entregarse en El Montecillo y que ha construido la empresa Ferrocarril, que a partir de ahora será la propietaria y arrendadora de estas viviendas.

Los adjudicatarios deberán hacer frente a todos los gastos que conlleva ser propietario e inquilino asumiendo IBI, IVA, Comunidad, reparaciones y la fianza.
La empresa constructora impone sus condiciones al Equipo de Gobierno y llega incluso a prohibir la tenencia de animales domésticos.

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda (EMGV) aprobó ayer, con los votos en contra de la oposición, el contrato de arrendamiento con opción a compra de las 400 viviendas con protección pública de alquiler con derecho a compra (VPPA-OCJ) que están pendientes de entregarse en El Montecillo y que ha construido la empresa Ferrocarril, que a partir de ahora será la propietaria y arrendadora de estas viviendas.

Este tipo de viviendas se rigen por todas las limitaciones y obligaciones que el resto de viviendas de protección pública con la peculiaridad de que transcurridos siete años el inquilino puede optar a la compra de la misma. Si es así, del precio final de la misma se descontará solo la mitad de todas las cantidades entregadas en concepto de alquiler durante esos siete años.

Además, según el contrato impuesto por la constructora los adjudicatarios, que recordemos son menores de 35 años y sus ingresos familiares no exceden de 5,5 veces el Indicador público de Efectos Múltiples (IPREM), deberán hacerse cargo junto con la renta mensual de sus vivienda, del alquiler obligatorio de una segunda plaza de garaje, así como del pago del IBI, de los gastos de Comunidad y a las posibles derramas que surjan a lo largo de esos siete años de arrendamiento, y como no deberán depositar también una mensualidad extra en concepto de fianza. Por otro lado también deberán asumir los gastos del IVA como si se tratase de una compraventa de vivienda, incluidos los gastos del alta de los suministros.

Esto es, van a verse doblemente penalizados, ya que deben cumplir, al mismo tiempo con todas las obligaciones que conlleva ser propietario de una vivienda, y también con las obligaciones y limitaciones que acarrea ser inquilino ya que según este contrato, el adjudicatario no podrá proceder a realizar ninguna obra o modificación sin consentimiento escrito aunque sí debe hacerse cargo de las reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario, y por último, y aunque pueda resultar anecdótico, los adjudicatarios de estas viviendas tienen prohibido “absolutamente la tenencia de animales domésticos, así como la instalación de antenas parabólicas o de cualquier otro tipo ni aparatos de refrigeración en las terrazas, ventanas o fachadas de la misma”.

Algo que contraviene incluso las ordenanzas municipales en Las Rozas que sí permiten la instalación de los compresores del aire acondicionado en las terrazas propias, siempre que no se afecte a la fachada, mientras que la prohibición de la tenencia de animales no concuerda con el espíritu de los vecinos de Las Rozas, puesto que el municipio se enorgullece de ser uno de los de la Comunidad de Madrid con mayor censo de animales de compañía