IU-LV: "El Ayuntamiento de Las Rozas condenado por contratar en fraude de ley"

El Juzgado de lo Social Nº 12 de Madrid ha reconocido recientemente mediante sentencia, que los antiguos trabajadores de la Escuela de Arte Dramático de Las Rozas eran trabajadores por cuenta ajena y, por lo tanto, habían sido contratados por el Ayuntamiento en fraude de Ley. La sentencia reconoce la relación de estos trabajadores con el Consistorio como de “naturaleza laboral con carácter indefinido” pese a haber sido contratados como autónomos y da a elegir entre la readmisión o el despido, optando el PP por este último

El Juzgado de lo Social Nº 12 de Madrid ha reconocido recientemente mediante sentencia, que los antiguos trabajadores de la Escuela de Arte Dramático de Las Rozas eran trabajadores por cuenta ajena y, por lo tanto, habían sido contratados por el Ayuntamiento en fraude de Ley. La sentencia reconoce la relación de estos trabajadores con el Consistorio como de “naturaleza laboral con carácter indefinido” pese a haber sido contratados como autónomos y da a elegir entre la readmisión o el despido, optando el PP por este último.

Para el Grupo Municipal de IU-LV es habitual que el equipo de gobierno utilice la figura del autónomo para contratar y denuncia que existen autónomos contratados para talleres, enseñanza, asesorías, terapia, grabación, sonido, etc… “Es intolerable que la Administración actúe al margen de la ley para precarizar a sus trabajadores ¿Cuántos casos más como éste hay en el Ayuntamiento de Las Rozas?” pregunta Jaime Rodrigues al mismo tiempo que aclara que “con toda seguridad veremos más sentencias condenatorias”.

Hay que recordar que IU-LV había preguntado en el Pleno del 27 de junio por los motivos de la privatización de la Escuela de Arte Dramático de Las Rozas. Los argumentos esgrimidos por la concejal de cultura Mercedes Piera Rojo fueron que no había privatización, lo que había, según ella, era “un contrato para prestar servicios profesionales y ahora vamos a hacer una contratación externa de empresa”. Para Jaime Rodrigues, con la sentencia del Juzgado de lo Social no sólo se demuestra que no se trataba de un simple contrato para la prestación de servicios, también queda claro que las intenciones del equipo de gobierno fue la de privatizar un servicio que hasta ese momento había sido público.